La Asociación Nacional de Fabricantes de Hormigón Preparado (Anefhop) y la Federación de Áridos (FdA) llevan años concienciando acerca de las ilegalidades e irregularidades de las empresas que trabajan al margen de la legalidad y de los productos de construcción que ofertan.

A finales de noviembre de 2019 presentaron su última campaña contra las instalaciones y productos de construcción ilegales con la que instan a promotores y titulares de obra a elegir productos de construcción e instalaciones industriales legales. El objetivo es reducir la competencia desleal y trabajar todos con las mismas condiciones normativas.

Según informan desde la propia Web de la Asociación Nacional de Fabricantes de Hormigón Preparado (ANEFHOP):

La campaña pretende concienciar sobre la necesidad de utilizar “productos de construcción que cumplan con los requisitos legales que les sean aplicables y que se suministren desde instalaciones industriales legales”, según César Luaces, presidente de la FdA. Del mismo modo, pretende persuadir a compradores de inmuebles o que contraten obras de que exijan a sus constructoras, contratistas o promotores materiales que acrediten su cumplimiento legal a través de la documentación obligatoria.

“Las instalaciones de hormigón acreditadas por el RD 163/2019 o certificadas con el sello Hormigón Expert y los áridos con marcado CE son la única garantía del cumplimiento de las exigencias legales", apunta Peraita, quien también detalla los principales riesgos de construir fuera de la legalidad para profesionales y público general:

• Poner en peligro la salud de los titulares y de sus usuarios. Los productos de construcción ilegales no tienen garantías de que no emitan sustancias tóxicas o peligrosas para la salud humana, por lo que representan una amenaza potencial para los titulares y los usuarios.
• Arriesgar la seguridad de la obra y de sus usuarios. El incumplimiento de la legislación y el uso de productos carentes de certificación oficial compromete la seguridad de las infraestructuras en términos de durabilidad y frente a accidentes (incendios, accidentes por pavimentos en mal estado…) o catástrofes naturales (terremotos, inundaciones, etc).
• Perjudicar la calidad de la obra. Los productos de construcción e instalaciones industriales que no cumplen con el Reglamento de Productos de Construcción (305/2011) y la Instrucción Técnica EHE 08 y el Real Decreto 163/2019 del control de producción de los hormigones fabricados en central, respectivamente, carecen de todo control técnico y no acreditan el cumplimiento de los requisitos de calidad exigidos. “Esto altera la calidad de los materiales y de la obra donde se emplean, cometiéndose un fraude a los titulares”, añade Luaces.
• Aumentar el gasto en mantenimiento. “Una obra de baja calidad reduce significativamente la durabilidad de la infraestructura, aumentando los gastos de mantenimiento en el futuro”, expone el directivo de Anefhop. A lo que añade que “también tendrá un mayor gasto energético”.
• Destrucción de empresas y empleos. El uso de productos y suministros ilegales genera, directa e indirectamente, el cierre de empresas de productos de construcción, que se ven perjudicadas por la competencia desleal, con la consiguiente disminución de puestos de trabajo.
• Renunciar a los derechos como consumidor y a los de los titulares de la obra. Un producto ilegal no tiene los elementos de información obligatorios sobre uso, prestaciones y propiedades, por lo que no ofrece garantía alguna de devolución o restitución en el probable caso de resultar defectuoso.

Para más información: ANEFHOP